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Genocidio Armenio: La actualidad de la lucha en su 102º aniversario

LOGO-CNA-1Comunicado del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica

El 24 de Abril quienes apoyan la lucha del pueblo armenio conmemoran el inicio del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, y que su sucesor, la República de Turquía, se encargara sistemáticamente de negar. En Argentina, desde hace una década, el 24 de Abril de todos los años está instituido como “el “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos” en memoria del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro” según sostiene la Ley 26.199. Argentina es una nación que no solamente permitió a los sobrevivientes del genocidio incorporarse a la sociedad en un esquema pluricultural, sino que también reconoció este crimen de lesa humanidad en los tres poderes del Estado.

La República de Turquía intenta condicionar las decisiones soberanas de otros estados para sostener internacionalmente su política negacionista. Explícitamente condena cada reconocimiento, e intenta evitarlos a través del lobby, extorsiones y amenazas. Sin embargo, su única preocupación frente a la “cuestión armenia” (la que intentó solucionar con el plan genocida iniciado en 1915) no consiste en los posicionamientos estatales, sino en la propia integración de las comunidades en sus países de acogida, en la relevancia que cobraron algunos descendientes de los sobrevivientes del genocidio y en su supuesta labor intoxicante hacia las autoridades locales.

Tanto Turquía como Azerbaidján, dos Estados negacionistas, entienden que los armenios de todo el mundo son sus enemigos. El presidente de Azerbaidján, Ilham Aliev, lo expresó públicamente en estos términos, mientras que Turquía no hace esfuerzos por ocultarlo. Su cancillería, por ejemplo, ha expresado su caracterización nefasta sobre la comunidad armenia de Argentina al culparla por la posición del Papa Francisco frente al Genocidio Armenio. El fracaso de sus intentos de negar lo ocurrido en términos absolutos, llevó a Turquía a nuevas estrategias, como el intento de establecer un “diálogo” con la precondición de que se eludiera la caracterización de genocidio y se clausurara cualquier discusión sobre su impacto contemporáneo.

Esta engañosa maniobra para escapar de la justicia también fracasó gracias a la lucha internacional por la Causa Armenia. En su lugar, cobró nuevo impulso el reclamo por reparación, en el frente académico, legal y político. La reparación puede ser entendida como un complejo de medidas que incluye el reconocimiento y las disculpas del perpetrador, pero que conlleva también otras como restituciones de bienes, indemnizaciones a instituciones culturales, sociales, educativas y religiosas, apoyar la reconstrucción y viabilidad del desarrollo del pueblo que fue víctima, y la recuperación de la propia sociedad turca, luego de un siglo de negacionismo de Estado.

Con el fin de apartar la atención de ese urgente conjunto de medidas reparatorias, Turquía ensaya sus ya remanidas argucias negacionistas. Lamentablemente, algunas encuentran favorable acogida en ciertos interlocutores, como aquella que postula que no puede caracterizarse lo ocurrido entre 1915 y 1923 en el Imperio Otomano como un genocidio, dado que precede a la “Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio” de 1948. Sin perjuicio de atender a los innumerables pronunciamientos de la comunidad internacional que califican al Genocidio Armenio como tal, quienes se apresuran a asumir la postura del estado negacionista deberían releer el preámbulo de la “Convención”, que expresamente reconoce que “en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad”.

Esta declaración, sumada a la opinión de prestigiosos estudiosos del derecho internacional, obliga a interpretar que el tratado no fue constitutivo de una figura del derecho internacional denominada “genocidio”, sino declaratoria de la preexistencia de ese delito. En pocas palabras, la “Convención” codificó la prohibición del genocidio, que ya constituía una norma de derecho internacional vinculante.

Por lo tanto, a 102 años del inicio del genocidio contra el pueblo armenio y a 10 años de la sanción de la ley que lo reconoce en Argentina, es necesario luchar contra todas las formas del negacionismo, que no escatiman esfuerzos al momento de reconvertirse para evitar modificaciones sustanciales. Las conquistas son el punto de partida, no de llegada, y cualquier intento de banalización, relativización o tergiversación de un genocidio, implica un retroceso para la humanidad, que es en definitiva la que ha sufrido el crimen.

Frente a los intentos de los estados negacionistas de seguir culpando a las víctimas, es imprescindible demostrar la fortaleza que surge del desarrollo de las comunidades y de sus articulaciones y alianzas en cada lugar, consolidadas durante un siglo, y poner en evidencia que tanto sus promesas como sus amenazas son tan falsas como la visión de la historia que sostienen.Mientras exista el negacionismo, nuestra obligación será luchar por memoria, verdad, justicia y reparación.

                                                                                                                                                         Diario Armenia -  21 de abril de 2017

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Las Partes Contratantes, considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su Resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946 ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena;

Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad;

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional;

Convienen en lo siguiente:

Artículo I: Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

Artículo II: En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso, como tal:
(a) Matanza de miembros del grupo;
(b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
(c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
(d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
(e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo III: Serán castigados los actos siguientes:
(a) El genocidio;
(b) La asociación para cometer genocidio;
(c) La instigación directa o pública a cometer genocidio;
(d) La tentativa de genocidio;
(e) La complicidad en el genocidio.

Artículo IV: Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.
Artículo V: Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación le las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el
artículo III.

Artículo VI: Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.

Artículo VII: A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III no serán considerados como delitos políticos. Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.

Artículo VIII: Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que estos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III.

Artículo IX: Las controversias entre las Partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia.

Artículo X: La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948.

Artículo XI: La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los Miembros de las Naciones Unidas y de todos los Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una invitación a este efecto. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. A partir del 1° de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención en nombre de todo Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recibido la invitación arriba mencionada. Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Artículo XII: Toda Parte contratante podrá en todo momento, por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable.

Artículo XIII: En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo XIV: La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su entrada en vigor. Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así sucesivamente, respecto de las Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo. La denuncia se hará por notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo XV: Si como resultado de denuncias, el número de las Partes en la Presente Convención se reduce a menos de dieciséis, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de esas denuncias tenga efecto.

Artículo XVI: Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General. La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda.

Artículo XVII: El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI:
(a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI;
(b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII;
(c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del artículo XIII;
(d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV;
(e) La abrogación de la Convención en aplicación del artículo XV;
(f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI;

Artículo XVIII: El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.
Artículo XIX: La presente será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en las fecha de su entrada en vigor.

* Adoptado por Resolución 260 (III) A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor el 12 de enero de 1951.

 


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